Europa Press, Sevilla 10 de mayo de 2017 – http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/10/59133cad46163f49418b45f6.html

• La Ley del PP-A incluía asistencia jurídica y psicológica para los docentes que han sufrido agresiones en las aulas
• La parlamentaria del PP-A Marifrán Carazo sostiene que es necesario concretar el reconocimiento institucional y legal del profesorado andaluz

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos en contra del PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y el único apoyo de Cs, tomar en consideración una proposición de Ley del PP-A relativa a la consideración de autoridad pública del profesorado andaluz, en la que, entre otras cuestiones, se incluía asistencia jurídica y psicológica para los docentes que han sufrido agresiones en las aulas.

La citada propuesta, que contaba con el criterio contrario del Gobierno andaluz, recogía además un amplio conjunto de derechos para los profesores, hacía que los informes y declaraciones emitidos gocen de presunción de veracidad, regulaba la asistencia psicológica y también jurídica al profesorado en centros públicos e incluía un registro de casos de agresión.

Para defender la iniciativa, la parlamentaria del PP-A Marifrán Carazo ha sostenido que es necesario concretar el reconocimiento institucional y legal del profesorado andaluz, así como “estimular su reconocimiento social”. Esta norma busca, como ha expuesto, “cumplir con lo que nos pide la sociedad andaluza y una parte muy importante del sector educativo”.

“Al Parlamento nos corresponde cumplir con las demandas de la sociedad y tomar medidas legales para que el profesorado se sienta reconocido”, ha proseguido la popular antes de señalar que “con una medida así dotamos al profesorado de una mayor responsabilidad”. Además, ha puesto el acento en señalar que en los últimos años se ha experimentado un “aumento importante” del número de agresiones y esto, como ha señalado, “no puede salir gratis, todos tenemos que estar de acuerdo en esto”.

Carazo ha explicado que el objeto y la finalidad de esta proposición de ley es el reconocimiento de la autoridad del profesorado, “fomentar su responsabilidad y su respeto, que le son de interés debido al ejercicio de sus funciones con el fin de mejorar la convivencia, la calidad del sistema y el derecho a la educación”.

“Andalucía y su profesorado tiene hoy una gran oportunidad de incorporarse a todas esas comunidades autónomas, un total de nueve, que ya cuentan una ley propia autonómica que reconoce la autoridad del docente”, ha zanjado la diputada popular.

El PSOE: “Ya existe suficiente ordenamiento jurídico”

Para posicionar al PSOE-A, la parlamentaria Adela Segura ha defendido que “ya existe suficiente ordenamiento jurídico que ampara al profesorado en el ejercicio de su profesión”. En cuanto a la asistencia jurídica, ha explicado que “en la practica judicial se consideran salvaguardados los intereses de los profesores por el simple hecho de ser funcionarios”, al igual que ocurre con la asistencia psicológica.

“No se puede hablar de autoridad cuando mal entendida se puede hablar de autoritarismo”, ha advertido la socialista, quien ha señalado que rechazan la norma porque los modelos educativos del PSOE-A y del PP-A “están en las antípodas”. Con todo, ha criticado que los “recortazos” del Gobierno central impiden seguir avanzando en el sistema educativo y que el PP es el que “está asfixiando” al profesorado. Esta propuesta, a su juicio, deja al profesorado “con la cabeza caliente y los pies fríos”.

Por Podemos, Libertad Benítez ha tildado de “inútil, innecesaria y redundante” la norma, y ha afeado a los populares que quieran poner el foco en que “la causa del fracaso educativo en Andalucía es la pérdida de autoridad del profesorado”. A su juicio, el PP-A pretende con esta propuesta “disfrazar la quiebra del sistema como si fuera un problema de autoridad para negar que sus recortes, copiados por el Gobierno de Susana Díaz, han dinamitado la escuela pública”. “La ley desprende un populismo rancio”, ha agregado antes de apuntar que los docentes “no quieren una autoridad impuesta, quieren dignidad”.

José Antonio Funes, diputado de Cs, ha manifestado que traer esta propuesta al Parlamento “es reconocer el fracaso de una sociedad incapaz de dar protagonismo y reconocer el valor de quienes educan a los niños”. “Y como se ha devaluado la autoridad moral, hemos tenido que recurrir a la autoridad legal”, ha lamentado antes de señalar que “la autoridad no viene de los parlamentos, te la da el alumno, no es una etiqueta”. Así, si bien creen que esta ley puede ayudar a mejorar la situación de los docentes, opina que nace como fruto de “la pérdida de prestigio del profesorado”.

Por último, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha rechazado la iniciativa porque tiene “una prioridad desenfocada a cuales son los problemas del sistema educativo”, pues ve que este “no es el debate central” que requiere la educación andaluza. Tras rechazar “recuperar modelos autoritarios, reaccionarios y clasistas”, ha abogado por abordar el debate sobre la convivencia en las aulas desde una perspectiva colectiva pues la propuesta del PP-A, ha advertido, “huele a rancio”.