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En las últimas décadas la mayoría de los países han realizado un esfuerzo considerable en términos de expansión educativa. Ello significa que el porcentaje de individuos que alcanza niveles educativos superiores ha ido creciendo progresivamente. El último estudio publicado por Barro y Lee aporta cifras acerca de la magnitud de esta evolución a escala mundial. Si en 1950 el promedio de años de estudio entre la población mayor de 15 años era de 3,2 y en 1980 de 5,3, en 2010 –último año que se recoge en el estudio– este promedio ascendía hasta los 7,8 años. Detrás de estos datos globales se ocultan algunas tendencias que diferencian a unos países de otros. Por un lado, en 2010 todavía existían diferencias notables entre el promedio de años de estudio de la población de países desarrollados (11 años) y de los países en vías de desarrollo (7,1 años). Por otro lado, mientras que en los países desarrollados la expansión educativa se debe principalmente al aumento del porcentaje de personas con educación secundaria o terciaria, en los países en vías de desarrollo esta mejora viene representada por una obtención más generalizada de los títulos de educación primaria y secundaria.
España destaca por ser uno de los países del entorno europeo donde con mayor velocidad se ha producido la expansión educativa. Así lo constatan los sociólogos Luis Ortiz y Jorge Rodríguez Menés en un trabajo para el Observatorio Social de “la Caixa”. Prueba de ello es el siguiente gráfico, donde se compara la evolución histórica del promedio de años de estudio de cuatro países europeos: España, Reino Unido, Francia e Italia. Aunque los cuatro países hayan experimentado una evolución similar, la de España ha sido la más pronunciada. En 1960 España tenía el promedio de años de estudio más bajo de los cuatro países (algo más de tres años); en 2010 este promedio superaba los 10 años, por encima de Italia y Reino Unido. Gran parte de esta expansión se debió al aumento de graduados universitarios: entre 1982 y 2004 España pasó de 33 a 70 universidades.
En este trabajo Ortiz y Rodríguez Menés se preguntan hasta qué punto la multiplicación de los títulos superiores (secundaria, formación profesional o universitaria) en los últimos tiempos ha supuesto también la devaluación de los mismos. Podría ser, por ejemplo, que el incremento del número de personas que obtienen un título universitario hubiese afectado negativamente al estatus socioeconómico de los titulados universitarios y, en consecuencia, al rendimiento ocupacional de estos títulos. Los autores cuantifican los rendimientos ocupacionales a través de la escala ISEI, un indicador internacional que ordena las ocupaciones por su nivel de prestigio y los ingresos asociadas a las mismas, dos elementos esenciales del conocido como estatus socioeconómico del individuo. En el caso de que los rendimientos ocupacionales de un título educativo hayan disminuido hablaríamos de la devaluación de ese título.
Con el objetivo de dar respuesta a esta cuestión, estos autores tienen en cuenta las dos formas en las que las credenciales educativas pueden operar en el mercado laboral: por un lado, según su valor absoluto o intrínseco y, por otro lado, según su valor posicional. En el primer caso lo que importan son las habilidades de los individuos para desarrollar las tareas requeridas en sus distintos trabajos, ya sea como electricista, arquitecto o profesor universitario. Tradicionalmente, la educación se ha entendido de esta forma, es decir, únicamente como una forma de acumulación de capital humano: una mayor educación supondría un aumento de las habilidades y, por consiguiente, un mayor salario. Desde esta perspectiva, la educación tendría exclusivamente un valor absoluto, por lo que el aumento del número de titulados superiores no tendría por qué afectar al logro ocupacional (“status attainment”).
Más recientemente, algunos autores han defendido que, como consecuencia de la expansión educativa, la relación entre educación y logro ocupacional ha experimentado cambios sustanciales. En este nuevo contexto, la educación operaría en el mercado laboral como un bien posicional. Según Ortiz y Rodríguez Menés, si la educación adoptase un valor posicional, habría que fijarse en “el porcentaje de individuos que salen al mercado de trabajo cada año con al menos ese mismo nivel educativo”. Por ejemplo, en un país donde el 30 por ciento de la población activa ha obtenido un título universitario el valor posicional de la educación universitaria sería menor que en otro donde apenas un 10 por ciento lo ha obtenido. En este caso el incremento del número de personas que completan un nivel educativo sí podría influir sobre el estatus socioeconomico y el rendimiento ocupacional del título. El siguiente gráfico indica que la educación secundaria superior es la etapa educativa que más ha venido aumentando, por lo que sería también la que más valor posicional ha perdido.
Sin embargo, el impacto del valor posicional sobre los rendimientos ocupacionales puede diferir entre los distintos tipos de educación. Lo que hallan los autores es un ligero descenso del estatus socioeconómico de los cuatro niveles educativos analizados, si bien este es más pronunciado en la universidad y la secundaria superior. Además, identifican una relación significativa entre “la pérdida de valor posicional de los títulos y la pérdida en los rendimientos ocupacionales que generan”, lo cual indica que la devaluación de las credenciales educativas es una consecuencia directa de la expansión educativa.
Por último, los autores ponen de manifiesto el efecto exacto que tiene la pérdida de valor posicional sobre el estatus socioeconómico, teniendo en cuenta el nivel educativo y controlando por muchos factores. El gráfico que se presenta a continuación confirma que las pérdidas varían visiblemente en función del nivel educativo o el tipo de educación. Los valores superiores a 0 señalan que los rendimientos ocupacionales mejoran con el aumento de titulados en cada nivel y los valores por debajo de cero indican que los rendimientos ocupacionales decayeron.
En relación al tipo de educación, los resultados revelan que los estudios más generales (humanidades y ciencias sociales) son los más perjudicados por la expansión educativa, especialmente en el caso de la formación universitaria. Asimismo, es significativo que la pérdida de rendimientos ocupacionales se produjese en mayor medida entre los niveles educativos altos. Por otra parte, los estudios técnicos-científicos apenas se han visto afectados por el aumento de personas que poseen titulaciones equivalentes o superiores, menos aún en el nivel universitario. Los autores sugieren que ello podría deberse a que los estudios técnicos emiten una señal más clara de las competencias que poseen las personas que han obtenido esos títulos.
Por tanto, de acuerdo con el estudio de Ortiz y Rodríguez Menés para el Observatorio Social de “la Caixa”, se puede concluir que la educación en España funciona como un bien posicional sólo en el caso de los estudios más generales (humanidades y ciencias sociales) y sanitarios. Esto es especialmente llamativo en el caso de los títulos universitarios, ya que la pérdida del valor posicional de estos títulos ha ido asociada a una pérdida sustancial de estatus socioeconómico. En cambio, respecto a los estudios técnicos, cuyos rendimientos ocupacionales se han mantenido estables, este trabajo sugiere que la educación posee un valor absoluto o intrínseco.
Los autores sólo mencionan brevemente una de las consecuencias del empeoramiento del rendimiento de los títulos más presentes en el debate público: el problema de la sobrecualificación o sobreeducación, que afecta a aquellos individuos cuyo nivel educativo se encuentra por encima del requerido en su puesto de trabajo. Precisamente, como subrayaba María Ramos en otro trabajo para el Observatorio Social de “la Caixa”, España es uno de los países europeos más afectados actualmente por este fenómeno: una de cada cinco personas posee un nivel educativo superior al necesario para llevar a cabo adecuadamente su trabajo, siendo los jóvenes recién graduados de la universidad el grupo más ampliamente perjudicado. En perspectiva comparada, Ortiz y Rodríguez Menés muestran que en otros países –donde también ha tenido lugar un proceso importante de expansión educativa– el porcentaje de graduados universitarios sin trabajo o con un trabajo que no se adecua a su formación es menor que en España. De forma similar, un estudio de Eurostat revela que la tasa de empleo de recién graduados en España en el año 2015 era de 68,7 por ciento. En países como Austria, Dinamarca u Holanda esta cifra rondaba el 90 por ciento.
De los resultados del trabajo de Ortiz y Rodríguez Menés se deduce que las distintas ramas de estudio conllevan distintas probabilidades de pérdida del rendimiento ocupacional de los títulos. En cambio, queda por ver todavía si esta pérdida se distribuyó o no de forma homogénea por origen social. Un escenario como el que se ha descrito, donde la oferta de graduados universitarios excede la demanda del mercado de trabajo, parece el propicio para que otros factores de distinción, como el origen social de los individuos, afecten positiva o negativamente al rendimiento ocupacional de los títulos educativos. Esta cuestión, aunque centrada exclusivamente en el fenómeno de la sobreeducación, ha sido estudiada recientemente por Marques Perales y Gil-Hernández. Estos autores estiman que el capital cultural de origen –medido a través del nivel educativo de los padres– y el capital social del individuo –medido a través del grado de utilidad para el encuestado de la ayuda directa de familiares, amigos, antiguos profesores y conocidos para conseguir empleo– tienen un efecto significativo en la probabilidad de sobreeducación (manteniendo el resto de factores –igualdad en experiencia laboral, carrera universitaria y nota media– constantes). Por otro lado, Marques Perales y Gil-Hernández ponen también el foco sobre la estratificación horizontal que tiene lugar en la universidad española, al ser las probabilidades de sobreeducación mucho más altas entre los graduados en carreras de ciencias sociales y humanidades que en otras de corte científico-técnico. La devaluación parcial de los títulos y el problema de la sobrecualificación parecen ser dos caras de una misma moneda.
En definitiva, en España la expansión educativa ha ido acompañada de una devaluación parcial de los títulos, sobre todo en el ámbito universitario y los estudios de carácter más general (humanidades y ciencias sociales). Asimismo, un acceso más generalizado a los niveles de estudio superiores no parece haber traído consigo una mayor igualdad de oportunidades para escalar en la jerarquía social, concretamente entre los que obtuvieron titulaciones de corte más general. Hay quien podría inferir de estos resultados la idea de que en España hay demasiados universitarios. Esta afirmación, sin embargo, no encuentra respaldo en los datos: el porcentaje de personas que poseen un título universitario en España es similar a la media de los países de la OCDE. Lo que es diferente en España respecto a otros países es la escasa demanda de personas con alta cualificación existente dentro del mercado laboral, dada la reducida inversión en capital humano y la fortaleza de sectores caracterizados por su baja productividad en un mercado laboral con una alta tasa de temporalidad. Revertir esta situación es vital para que la devaluación de determinados títulos educativos no se vuelva irreversible y solucionar parcialmente el problema de la sobreeducación.
Aunque no se mencione directamente en el trabajo de Ortiz y Rodríguez Menés, no debemos olvidar que en España el origen social influye de forma clara en el acceso a la educación superior. Tal y como mostraba Elena Casanovas en un post reciente en Agenda Pública, “sólo el 26% de las personas que logran un título universitario en España provienen de familias de clases trabajadoras, mientras que el 63% son hijos de profesionales o directivos”. Por tanto, además de mejorar la información disponible para los estudiantes acerca de las posibilidades laborales de las distintas carreras universitarias, para lograr una mayor igualdad de oportunidades a través de la educación es también necesaria la inversión en primera infancia así como reducir el abandono escolar temprano y acabar con el inequitativo sistema de repetición de curso, dos aspectos que perjudican más a los hijos de familias con menos recursos.
En los últimos años han proliferado las noticias en España y otros países occidentales que alertan sobre la cantidad de jóvenes con un título universitario que desarrollan su trabajo en sectores poco cualificados. El mensaje de fondo de algunas de estas declaraciones es que los títulos superiores han perdido su utilidad de antaño a la hora de asegurar a los ciudadanos un buen trabajo. En cambio, como señalaba David Leonhardt, la diferencia en salarios entre los graduados universitarios estadounidenses y el resto de la población alcanzó un record en 2013: los primeros ganaban por hora un 98 por ciento más que los segundos, mientras que en los años ochenta la diferencia era de un 64 por ciento. En el caso de España, como apuntaba también Elena Casanovas, la educación superior “aumenta las probabilidades de ascender a posiciones sociales altas, reduce las de descender en la escala social y reduce el riesgo de desempleo”. Por ello, a pesar de la devaluación parcial de los títulos o los procesos de estratificación horizontal que puedan tener lugar, hay que recordar que un título universitario sigue ofreciendo a los graduados un futuro laboral más luminoso así como mayores posibilidades de ascender socialmente.
Artículo realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”